“Los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”, había dicho el titular de Economía, en su cuenta de X, a comienzos de la semana. Y el posteo también decía, sobre el final: “Lo peor es que, cobardemente, las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas.
Tras un análisis exhaustivo de la situación y de cómo las jurisdicciones -especialmente las bonaerenses- cobran estas tasas, muchas de las cuales no tienen contraprestación alguna, la Secretaría de Comercio está redactando una resolución para dejar expresamente prohibido que los intendentes, para poder cobrar más fácilmente, utilicen prestadores de servicios públicos, como puede ser una cooperativa eléctrica, por ejemplo, para cobrar una determinada tasa.
“¿Qué es lo que sucede en muchos casos? Hay municipios que como son malos para recaudar, van a una cooperativa de cable o de agua y le piden que incluyan dentro de su factura la cobranza de determinada tasa municipal y luego le transfiera, comisión mediante seguramente. A partir de la nueva resolución que se está preparando, eso estará prohibido”, dijo una fuente oficial. El incumplimiento a lo establecido será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor y normas reglamentarias. La norma saldría la semana próxima en el Boletín Oficial.
El cobro de las tasas municipales afecta a varias actividades, pero las que más padecen los incrementos exhorbitantes y la creación de nuevas que no tienen una contraprestación clara son los supermercados, los bancos y los hoteles. En los tres casos, las empresas vienen reclamando desde hace ya varios meses, pero ahora la preocupación cobró más relevancia porque se inmiscuyó el Gobierno en esta pelea. Es una realidad que los mayores aumentos sucedieron durante los nueve meses que lleva el actual gobierno debido a la fuerte reducción que hizo de los fondos.
Las provincias y municipios no sólo perciben menos fondos propios por la merma de actividad, sino que también reciben menos coparticipación y, naturalmente, menos transferencias discrecionales. Es por eso que los intendentes de todo el país, pero especialmente los bonaerenses, empezaron a echar mano a la suba de tasas ya existentes y a la creación de otras nuevas.
“Las alícuotas de Ingresos Brutos y tasas municipales están en los niveles más altos históricos, por lo que la presión tributaria actual es insostenible en el tiempo. Esta situación provoca la erosión de la poca rentabilidad del supermercadismo, pudiendo en algunas plazas transformarla en rentabilidad negativa”, había dicho a Infobae el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. También se había expresado el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, al manifestar que en los últimos años varios municipios comenzaron a cobrar “tasas desproporcionadas, sin relación con los servicios que prestan” y “son una forma de extraer recursos de los usuarios financieros a cambio de nada, lo que les quita legitimidad y torna cuestionable su legalidad”. “En lo que va de 2024, los aumentos de tasas duplican y hasta triplican la inflación del período, agravando aún más la situación. Inexplicable”, afirmó el directivo ante la consulta de este medio.
Es en este contexto que Economía sacará la resolución. En paralelo, sin embargo, los equipos legales seguirán analizando si es posible encarar los caminos de la judicialización vía la Corte Suprema, y por otro, trabajar en un proyecto de ley que limite la posibilidad de que las provincias y municipios puedan incrementar sus impuestos sin límite. “Las municipalidades tienen autonomía, entonces en algunos temas no tenés competencia originaria en la Corte. Lo estamos estudiando, viendo qué está haciendo cada uno y donde podamos ejercer presión desde el legislativo se va a hacer y donde podamos hacer presentaciones judiciales con competencia originaria de la Corte también vamos a hacerlo”, dijeron fuentes oficiales. Lo que se hará ahora, con la norma que saldrá la semana próxima, busca complicarles el camino de la cobranza a muchos intendentes, pero no implica una prohibición, ya que eso es inviable.
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